El ministro socialista que predica la prohibición del coche desde automóviles y yates de lujo

El actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha convertido en una de las voces más agresivas a la hora de pedir restricciones al coche privado. En las últimas semanas ha defendido que hay que “tomar medidas que desincentiven el uso del transporte privado por la vía de la limitación o de la prohibición” y que las Zonas de Bajas Emisiones “se ponen en marcha para evitar los usos irracionales de los vehículos privados”, recordando que “del 100% de desplazamientos en coche, el 20% son para no recorrer más de un kilómetro”. Su mensaje es claro: o descarbonizamos o moriremos, y el sacrificio pasa por que la gente use menos su coche.

El discurso encaja perfectamente con el guion del ecologismo oficial: restricciones, tasas, prohibiciones, todo en nombre de la emergencia climática. Y, por supuesto, con la aclaración de que “no es una medida contra las clases trabajadoras”, sino una simple “racionalización del coche privado”. La idea de fondo es que el ciudadano medio usa el coche “irracionalmente” y el Estado debe corregir su comportamiento.

El problema no está tanto en el qué, sino en el quién. Porque cuando uno mira la trayectoria reciente de Puente, el apóstol de la movilidad sostenible se parece bastante al resto de “eco-ricos” que predican austeridad climática para los demás mientras llevan una vida de alto octanaje. En 2021, siendo alcalde de Valladolid, Puente fue pillado usando en vacaciones un vehículo de lujo valorado en unos 180.000 euros, prestado por la empresa sanitaria Grupo Recoletas, con contratos con el Ayuntamiento. El verano anterior ya había sido criticado por unas vacaciones en barco de lujo en Formentera, pagadas por otra empresa que había vendido mascarillas y guantes al consistorio por casi 200.000 euros. El propio Puente reconoció los hechos y dijo que se arrepentía de haber cogido “el maldito coche”, pero los utilizó igualmente.

No hablamos solo de un estilo de vida discreto de clase media. Según su última declaración de bienes, Puente ha adquirido una nueva propiedad en Alicante (en nuda propiedad al 50%), financiada con una hipoteca de 173.000 euros, que se suma a otras tres viviendas con garaje en Valladolid, también al 50%.
Mientras insiste en que el coche del trabajador debe ser “racionalizado”, él acumula inmuebles residenciales que, para cualquier ciudadano que sufre alquileres imposibles, se parecen mucho a vivienda tratada como activo de inversión más que como bien de primera necesidad. El mensaje implícito es claro: movilidad restringida para el de abajo, patrimonio inmobiliario para el de arriba.

El caso de Puente no es una anécdota aislada, sino que encaja en un patrón muy reconocible dentro del PSOE. En materia de prostitución, el partido ha hecho del abolicionismo una bandera, con campañas institucionales y declaraciones solemnes en el Congreso. Sin embargo, el escándalo del diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, “Tito Berni”, mostró el reverso: acudió a un burdel de Madrid (Club Sombras) el mismo día en que la Cámara aprobaba, a propuesta del propio PSOE, un manifiesto contra la prostitución con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual.

A ese caso se suma ahora un protagonista aún más conocido: el exministro José Luis Ábalos. En el marco del caso Koldo, se han difundido audios en los que Ábalos conversa con su entonces asesor Koldo García sobre pasar la noche con distintas mujeres —Ariatna, “la colombiana”, “la otra”, Carlota— que, según la propia información judicial y mediática, podrían ser prostitutas, en un tono de catálogo y reparto de chicas para un fin de semana de “relax”. Las propias dirigentes socialistas califican estos audios de “vomitivos” y admiten que dañan la “columna vertebral” de un partido que presumía de ejemplaridad feminista.

A la doble moral sexual se suma la financiera. La documentación aportada por el PSOE al Tribunal Supremo revela que el partido retiró de sus cuentas bancarias unos 940.000 euros en efectivo entre 2017 y 2024 para pagos en metálico vinculados, entre otros, a Ábalos, Koldo y la Secretaría de Organización. El partido sostiene ante la Audiencia Nacional y el Supremo que todo está perfectamente justificado, que no hay caja B y que los movimientos están en la contabilidad oficial, posición respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, que recuerda que el PSOE no figura formalmente como investigado en la causa. Pero la imagen sigue siendo demoledora: mientras se empuja a limitar el uso del efectivo al ciudadano de a pie en nombre de la lucha contra el fraude, el partido que gobierna ha manejado casi un millón de euros en billetes, con sombras e interrogantes suficientes como para que los jueces hayan abierto una línea específica de investigación.

En el plano ecológico, Puente no hace sino replicar el modelo de otros “justicieros climáticos” de la izquierda cultural. El caso de Javier Bardem es paradigmático: abanderado de Greenpeace y muy activo en la Cumbre del Clima de Madrid, al tiempo que conduce un Lincoln Navigator con motor V8 de 5,4 litros, uno de los todoterrenos más contaminantes del mercado, con un consumo cercano a los 17 litros a los 100 kilómetros. La familia posee además mansiones con piscina, grandes jardines y viajes frecuentes en avión y jet privado entre Europa, Estados Unidos y su residencia en Bahamas.

La Razón recordaba, citando a la federación Transport & Environment, que los cruceros —como los que promociona Penélope Cruz en campañas publicitarias— emiten más óxidos de azufre que todos los coches de ciudades enteras: en Palma, los cruceros que llegaron en 2017 emitieron casi diez veces más SOx que todo el parque automovilístico de la ciudad, y en Barcelona cinco veces más. Mientras tanto, al ciudadano medio se le sermonea para que deje el diésel y se compre un eléctrico que no puede pagar, o directamente para que renuncie al coche.

En ese espejo se mira Óscar Puente cuando, desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, reclama “desincentivar” por ley las costumbres de quienes necesitan el coche para ir a trabajar, llevar a los niños al colegio o llegar a un polígono industrial sin apenas transporte público… después de haberse dejado agasajar con un coche de 180.000 euros y unas vacaciones en barco de lujo pagadas por empresas contratistas, y mientras amplía tranquilamente su patrimonio inmobiliario.

No se trata de negar la necesidad de reducir emisiones ni de mejorar el transporte público. La cuestión es quién paga la fiesta y quién da las lecciones. Cuando los mismos que acumulan viviendas, disfrutan de coches de alta gama y veranean en cruceros o yates exigen sacrificios “en nombre del planeta” y de “la igualdad”, el mensaje que cala es que el socialismo oficial ha derivado en un sistema donde el esfuerzo siempre es para los demás. En el PSOE esto ya no sorprende: abolicionistas con diputados en burdeles, feministas con ministros hablando de prostitutas como si encargaran cámaras de hotel, y adalides de la transparencia moviendo cientos de miles de euros en efectivo.

Si la transición ecológica y las políticas de igualdad quieren tener legitimidad social, el mínimo exigible es la coherencia. Tal vez antes de decirle al ciudadano que su viejo coche es un problema, Óscar Puente debería explicar por qué su coche prestado, sus cruceros y su cartera de inmuebles no lo son. Y, sobre todo, por qué en su partido el doble rasero parece ya una forma de gobierno.