El orgullo no puede convertirse en un blindaje moral
Cada año, con motivo del Día del Orgullo, se repite un mensaje que simplifica hasta el absurdo la realidad política. Según este relato, todas las personas LGTBI constituyen un sujeto político homogéneo: comparten los mismos intereses, sufren los mismos problemas y merecen idéntica solidaridad por el mero hecho de pertenecer al colectivo. En consecuencia, cualquier crítica hacia uno de sus miembros equivale automáticamente a un ataque contra el conjunto. No puedo estar más en desacuerdo.
Esta lógica no es nueva ni exclusiva del movimiento LGTBI. Una parte del feminismo de cuarta ola lleva años intentando convencer a una inmigrante racializada que recoge fresas en Huelva de que Patricia Botín, Hillary Clinton o Ursula von der Leyen son sus aliadas naturales, simplemente porque comparten sexo, mientras presenta al varón inmigrante que trabaja a su lado como un agresor potencial por el mero hecho de ser hombre. El mecanismo es idéntico: se toma un rasgo identitario y se convierte en el único eje de análisis político, borrando de un plumazo la clase social, la pobreza y la desigualdad material. Ahora pretenden aplicar la misma operación al colectivo LGTBI.
La identidad sexual no convierte a nadie en buena persona. Tampoco en aliado de los oprimidos. Patricia Botín, Hillary Clinton o Ursula von der Leyen tienen infinitamente más en común entre sí que con cualquier trabajadora explotada en el campo. Pertenecen a una élite económica y política que ha sido una de las grandes beneficiarias del capitalismo neoliberal. Compartir sexo con millones de mujeres no las convierte en representantes de sus intereses. Sus intereses materiales están con su clase, no con las mujeres de los sectores explotados.
Lo mismo ocurre dentro del colectivo LGTBI. David Geffen y Peter Thiel son dos hombres homosexuales que han acumulado fortunas multimillonarias. Su orientación sexual no les ha impedido formar parte de las élites económicas globales ni ha acercado sus intereses ni un milímetro a los de la inmensa mayoría de personas LGTBI que sufren precariedad, discriminación y exclusión.
El caso de Peter Thiel merece atención particular. Como fundador de Palantir, ha desarrollado tecnología puesta directamente al servicio del aparato militar de Israel, una colaboración que ha sido decisiva para facilitar la perpetración del genocidio que se está cometiendo en Gaza. Su orientación sexual no le ha impedido participar sin escrúpulos en un sistema de poder responsable del asesinato de decenas de miles de personas, entre ellas mujeres, niños y también personas LGTBI palestinas. Thiel no es una excepción incómoda: es la demostración más clara de que la pertenencia a un colectivo históricamente discriminado no otorga autoridad moral automática ni impide convertirse en colaborador necesario de crímenes de masas.
Hay además una dimensión que el debate identitario sistemáticamente ignora: el dinero compra protección. Compra influencia. Compra capacidad para esquivar buena parte de las discriminaciones que siguen sufriendo quienes no tienen nada. Las élites económicas —sean hombres, mujeres, heterosexuales o LGTBI— disponen de blindaje jurídico privado, de acceso a los resortes del poder institucional y de una impunidad de facto que diluye o neutraliza por completo el impacto de cualquier discriminación sobre sus vidas. Para ellas, la discriminación es en el peor caso un contratiempo gestionable. Para una persona LGTBI precarizada, racializada e inmigrante, es una amenaza directa a su supervivencia material.
No es comparable la situación de una mujer negra, inmigrante, lesbiana y explotada en el campo con la de Peter Thiel, uno de los hombres más ricos e influyentes del planeta. Pretender que ambos pertenecen al mismo sujeto político y merecen idéntica solidaridad es un insulto a la inteligencia y una falsificación de la realidad.
Mi solidaridad no es con las identidades. Es con las personas vulnerables: con quienes son insultados, rechazados, agredidos o discriminados por ser quienes son y, además, carecen del poder económico y político para protegerse. El verdadero eje que atraviesa todas las discriminaciones no es únicamente el sexo o la orientación sexual. Es la desigualdad económica, la exclusión y la pobreza.
